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El gobierno de la República Argentina informó que conforme al Decreto 366/2025, será requisito obligatorio contar con un seguro de salud o asistencia al viajero para poder ingresar al territorio argentino. La medida se aplicaría a todos los viajeros sin excepción y tiene como objetivo garantizar cobertura médica durante su permanencia en el vecino país. No obstante, el decreto aún no fue reglamentado y por el momento no se solicita tal documentación en los pasos fronterizos.

Asimismo, por esa misma razón, no está realmente claro qué ocurrirá con el tránsito vecinal (radio de 50 kilómetros de la frontera) por un período menor a 24 horas. En el Consulado de la República Argentina se informó que se carece de otra información que aquella contenida en el decreto del gobierno de Javier Milei.

El costo de un seguro de salud es muy variable, pero puede indicarse que por una semana se ofrecen entre 15 y 30 dólares con coberturas básicas. El seguro estándar puede costar entre 20 y 55 dólares por semana, ofreciendo coberturas más completas.
El decreto además establece –una vez que esté reglamentado– que los extranjeros que soliciten admisión tendrán que presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su viaje. Esta medida se aplicará a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y personas en situación migratoria irregular.

 Lo que establece el decreto 

El Decreto 366/2025, publicado el 29 de mayo pasado en el Boletín Oficial de Argentina, tiene como objetivos reforzar los controles migratorios, establecer mayores límites en lo que respecta a los permisos de residencia, y facilitar la obtención de la ciudadanía argentina mediante la acreditación de una inversión en el país.
La nueva disposición establece que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

No obstante a renglón seguido se establece: “Por fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.

Más adelante, se determina que “el ingreso y egreso de personas en el territorio nacional se realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, sean estos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio. A fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación”.

Aun cuando tener que pagar un seguro de salud para ingresar a Argentina –así sea por escasos días– afectará fuertemente a los países limítrofes, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, el decreto de Milei hace hincapié en la inmigración ilegal.

“Cabe señalar, en los últimos veinte años se registraron 1.663.000 personas con procedimientos que derivaron en expulsiones, conminaciones a hacer abandono de país, u otras medidas que determinarían su irregularidad migratoria. Sin embargo, de la totalidad de dichas personas, 228.591 inmigrantes registran como último tránsito un ingreso, lo que permite presumir que no han abandonado el país, permaneciendo en forma irregular dentro del mismo; mientras que 173.622 no registran tránsito alguno, lo que también lleva a entender que se encuentran en el país irregularmente”.
“En este sentido, más del 24% de los inmigrantes cuya estadía en el país fue declarada irregular en los últimos veinte años permanece en el país. Por otro lado, desde el inicio de la gestión, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han detenido más de 4.400 extranjeros, de los cuales el 60% de los mencionados detenidos se encontraban en una situación migratoria irregular o en calidad de turistas”.