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El estado mexicano de Quintana Roo ha comenzado a preparar una regulación progresiva de las viviendas vacacionales, anunciadas a través de plataformas como Airbnb y VRBO, con la vista puesta en el fuerte aumento de visitantes que se espera con motivo del Mundial de Futbol 2026. Destinos como Cancún y Playa del Carmen concentran buena parte de este tipo de alojamiento, que las autoridades buscan ordenar sin frenar su aportación a la economía local.

El secretario de Protección Civil de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, ha explicado que la aplicación de la normativa se realizará de forma gradual, comenzando por un periodo de regularización voluntaria para los propietarios, tal y como recoge Quintana Roo Hoy. Las primeras inspecciones se centrarán en aspectos de seguridad, como la correcta instalación de suministros y las condiciones generales de los inmuebles, con el objetivo de reducir riesgos para huéspedes y vecinos.

Actualmente, Playa del Carmen cuenta con más de 8.300 viviendas vacacionales, mientras que en todo el estado se alcanzaron cerca de 24.600 alojamientos activos en diciembre. Pese a su crecimiento, la ocupación sigue por debajo de la hotelería tradicional: durante el último cierre de año, las rentas vacacionales se movieron entre el 56% y el 58% en los principales destinos, frente a cifras cercanas al 90% en los hoteles.

Desde el sector de las plataformas, se defiende que estos datos desmontan la acusación de competencia desleal. Manuel Lozano Álvarez, director de Expo Renta Vacacional, sostiene que las ocupaciones medias de 2025 se situaron entre el 30% y el 40%, aunque admite que el modelo seguirá expandiéndose, con al menos un centenar de nuevos proyectos inmobiliarios previstos para 2026 en el norte del estado.

Las previsiones apuntan también a un fuerte repunte de la demanda. Según estimaciones de la firma PriceLabs, el Mundial podría impulsar un aumento de entre el 30% y el 40% en las reservas de alquileres de corta estancia en el Caribe mexicano. Un escenario que intensifica el debate entre plataformas y hoteleros y que obliga a Quintana Roo a buscar un equilibrio entre crecimiento turístico, seguridad y cumplimiento legal.