Nuevo impuesto a turistas internacionales afecta al Caribe mexicano
Intenso debate en el sector turístico de Quintana Roo, el estado mexicano donde se encuentran destinos tan populares como Cancún o Riviera Maya. La controversia llega tras plantear la creación de un nuevo impuesto que todos los turistas extranjeros deberán abonar a partir de 2026 en hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios turísticos. El cobro sustituiría la tasa de 525 pesos que actualmente se recauda en los aeropuertos, un procedimiento que muchos visitantes consideran poco claro.
Según 24 horas Diario Sin Límites, la propuesta de la administración de Mara Lezama prevé que los propios negocios turísticos —hoteles, restaurantes, clubes de playa, empresas de transporte, rent a car y operadores de excursiones— actúen como recaudadores del nuevo derecho. La medida ha generado inquietud entre pequeñas empresas hoteleras, que sostienen que muchos viajeros “ya sienten que pagan suficiente”. Restauradores y guías turísticos temen, además, tener que asumir explicaciones que no les corresponden y que los cobros provoquen discusiones o retrasos en el servicio.
Aunque el Gobierno del estado insiste en que el impuesto solo reemplaza al actual, la preocupación aumenta porque el pago deberá realizarse en cada establecimiento que utilice el visitante. En destinos como Tulum, donde los precios ya se perciben como elevados, los operadores alertan de un posible impacto en la demanda. A este escenario se suma el incremento previsto en 2026 para la entrada de turistas extranjeros a la zona arqueológica, que pasará de unos 100 a unos 210 pesos.
El sector recuerda que el anuncio llega apenas dos años después de la subida del impuesto al alojamiento del 3% al 5%, un ajuste que ya obligó a revisar tarifas. Algunos administradores de hoteles señalan que la acumulación de tasas y derechos hace difícil competir con destinos donde la carga fiscal es más ligera y más predecible.
La propuesta sigue en discusión dentro de la Ley de Ingresos de 2026, pero muchos profesionales advierten de que su aprobación podría afectar no solo al bolsillo de los turistas, sino también a los ingresos de quienes dependen directamente de la actividad turística, condicionando la temporada y la estabilidad del empleo en la región.
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