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Un nuevo paso se ha dado en la batalla que mantiene Disney con Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida (EE.UU.). El gigante del entretenimiento ha presentado una demanda contra el político republicano por "orquestar una campaña" contra ellos.

Disney vs. el estado de Florida: ¿por qué la ampliación del parque temático depende de la monarquía británica? | A la izqda., Bob Iger, CEO de Disney / A la dcha. Ron DeSantis, gobernador de Florida

Disney vs. el estado de Florida: ¿por qué la ampliación del parque temático depende de la monarquía británica?

Acusan a DeSantis de estar utilizando el poder de gobierno “como un arma” contra la compañía y cobrar venganza por su oposición a la ley educativa promovida por el gobernador (la conocida como ‘Don’t say gay’), que prohíbe la educación sexual en las escuelas hasta los 9 años.

En la demanda, presentada este miércoles, Walt Disney Co. asevera que la actitud del republicano no solo supone una “amenaza” para sus negocios, sino para el futuro económico de la región.

Lucha por el poder

Este movimiento legal por parte de la empresa de Mickey Mouse está muy relacionado con la lucha de poder que mantienen por la gestión del distrito de aproximadamente 100 kilómetros cuadrado en el que se ubica el parque temático de Disney World.

En 1967 se creó un distrito fiscal —el Reedy Creek Improvement District— por el que, prácticamente, Disney podía autogobernarse. El pasado año, cuando la compañía se opuso a ‘Don’t say gay’, DeSantis intervino este órgano y destituyó a sus 5 miembros y eligió a otros afines a él. Antes de que se llevara a cabo la destitución, Disney impulsó un acuerdo para blindar su autogobierno e impulsar una ampliación del parque temático para la que pretende invertir 17.000 millones de dólares en los próximos 10 años, incluyendo su propio aeropuerto.

No obstante, este mismo miércoles el consejo anuló el acuerdo al considerarlo “nulo e inaplicable”. Todo apunta a que esta decisión ha llevado a Disney a presentar su demanda, en la que califica esta acción como “antiempresarial” y “anticonstitucional”.

Por su parte, desde la oficina del gobernador aseveran que esta disputa responde a los intentos de la empresa de mantener sus “privilegios fiscales y de autogobierno” que no tiene ninguna otra empresa del estado.